Los colegios oficiales han pasado nota informativa de que, a partir del 1 de enero de 2014, la AEAT no va a admitir ningún aplazamiento o fraccionamiento de retenciones ni pagos a cuenta (modelos 111, 115, 123 y 124).
La legislación vigente establece que, en principio, las retenciones no son aplazables al tratarse de recursos que no pertenecen a las empresas, sino que derivan del IRPF que pagan los trabajadores. En este sentido, los empresarios actúan como intermediarios o, si se quiere, como recaudadores de la Agencia Tributaria. Sin embargo, ante los problemas de tesorería, Hacienda realizó una interpretación benévola de la ley y permitió a partir de 2009 que las compañías pudieran aplazar las retenciones con la misma facilidad con la que postergan el pago del IVA o el impuesto sobre sociedades.
A partir del primero de enero de 2014, las solicitudes de aplazamiento de retenciones se entenderán “inadmitidas”, la Agencia Tributaria insta a todas las delegaciones territoriales a denegar, con carácter general, las solicitudes de las empresas para aplazar las retenciones del IRPF de sus empleados. Hasta ahora, la Agencia Tributaria las aceptaba o rechazaba, a partir de ahora y con carácter general, las solicitudes para aplazar retenciones serán “inadmitidas”, lo que significa que la deuda entrará automáticamente en vía ejecutiva, por lo tanto, las empresas afectadas deberán abonar un recargo mínimo del 5%. La figura de la “inadmisión” queda recogida en la ley contra el fraude fiscal que el Gobierno aprobó en octubre de 2012 y afecta a deudas tributarias como las retenciones.
La norma solo contempla dos excepciones que deberán justificarse con un informe específico: se concederán aplazamientos de retenciones cuando la empresa afectada “carezca de bienes suficientes para garantizar la deuda” y el posible embargo de bienes afecte a su actividad. El otro supuesto es que la negativa al aplazamiento ponga en riesgo la supervivencia de una gran empresa, lo que perjudicaría los ingresos públicos.
