Las disposiciones del REGLAMENTO (UE) 650/2012 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 4 de julio de 2012 relativo a la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento y la ejecución de las resoluciones, a la aceptación y la ejecución de los documentos públicos en materia de sucesiones mortis causa y a la creación de un certificado sucesorio europeo se aplicarán a la sucesión de las personas que fallezcan el 17 de agosto de 2015 o después de esa fecha.
Lo que, sin lugar a duda, revolucionará la gestión de las sucesiones transfronterizas es la creación del certificado sucesorio europeo.
Su utilización no será obligatoria pero este certificado podrá útilmente ser usado por los herederos, legatarios que tengan derechos directos en la herencia y ejecutores testamentarios o administradores de la herencia que necesiten invocar, en otro Estado miembro, su calidad de tales o ejercer sus derechos.
El certificado podrá utilizarse, en particular, como prueba de la calidad y/o de los derechos de cada heredero y la atribución de uno o varios bienes concretos que formen parte de la herencia.
Este documento surtirá sus efectos en todos los Estados miembros sin necesidad de ningún procedimiento especial y será un título válido para la inscripción de la adquisición hereditaria en los registros competentes de los Estados miembros.
En cuanto a la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento y la ejecución de las resoluciones, y las normas del reglamento están concebidas para garantizar que la autoridad que sustancie la sucesión aplique, en la mayoría de los casos, su propio derecho.
Este reglamento establece como regla general a efecto de determinación tanto de la competencia como de la ley aplicable, la residencia habitual del causante en el momento del fallecimiento.
No obstante, el reglamento prevé la posibilidad por el causante de elegir por disposición mortis causa (testamento, pacto sucesorio…) la ley del Estado miembro de su nacionalidad como ley aplicable a la sucesión, aunque no resida en ese Estado.
En este caso, las partes interesadas en la sucesión podrán acordar que los tribunales de dicho estado tengan competencia exclusiva para sustanciar cualquier causa en materia de sucesiones, aunque el causante no tenga su residencia habitual en este estado.
El tribunal del Estado miembro cuya ley haya sido elegida por el causante, tendrá competencia para resolver sobre la sucesión, no sólo en caso de acuerdo de las partes sino también en caso de admisión expresa de la competencia o de comparecencia de las partes ante el Tribunal, sin impugnar la competencia de éste.
La competencia de los Tribunales del estado miembro en el que se encuentren los bienes de la herencia pasa a ser subsidiaria y estos tribunales sólo podrán pronunciarse sobre el conjunto de la sucesión si el causante poseyera la nacionalidad de dicho estado en el momento del fallecimiento o hubiera tenido previamente su residencia habitual en dicho estado siempre y cuando no haya transcurrido un plazo de más de cinco años desde el cambio de dicha residencia habitual.
El reglamento establece también un Forum necessitatis, autorizando los tribunales de un Estado miembro a resolver, en casos excepcionales, sobre la sucesión si resultase imposible o no pudiese razonablemente iniciarse o desarrollarse el proceso en un tercer Estado con el cual el asunto tuviese una vinculación estrecha.
Respecto a la ley aplicable a la sucesión, el reglamento soluciona el problema de los derechos reales que podrían no existir en todos los estados miembros considerados, imponiendo al Estado miembro que no conozca ese derecho real, en caso necesario y en la medida de lo posible, el adaptarlo al derecho real equivalente más cercano al derecho de ese Estado.
De igual manera, el Reglamento soluciona el caso de los conmorientes, suprimiendo el derecho de las personas fallecidas a la sucesión de la otra, si dos o más personas cuya sucesión se rija por leyes diferentes falleciesen en circunstancias que impidan conocer el orden en que se produjo su muerte, y dichas leyes regularán tal situación mediante disposiciones diferentes, o no la regularán en absoluto.
El reglamento regula el reconocimiento y la ejecución de las resoluciones en materia de sucesión, de manera muy similar al existente reglamento 44/2001 sobre el reconocimiento y la ejecución de las resoluciones judiciales en materia civil y comercial, excluyendo cualquier revisión en cuanto al fondo.
En cuanto al procedimiento de declaración de la fuerza ejecutiva de dichas resoluciones, el reglamento dispone que el solicitante no estará obligado a tener dirección postal ni representante autorizado en el Estado miembro de ejecución, ni a pagar impuestos, derechos ni tasas algunas, proporcionales al valor del litigio.
Aunque el reglamento se aplique sólo a las sucesiones de las personas que fallezcan a partir del 17 de agosto de 2015, la elección de la Ley nacional o las disposiciones mortis causa hechas antes de esta fecha, serán válidas si cumplen las condiciones establecidas en el reglamento.
Sophie Mercier.
Abogada UE
Departamento Juridico.
Regulation (EU) 650/2012 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 4 July 2012 on jurisdiction, applicable law, recognition and enforcement of decisions, acceptance and enforcement of public documents in matters of succession upon death and the creation of a European Certificate of Succession shall apply to the succession of persons who die on August 17, 2015 or after that date.
The creation of this European Certificate of Succession, undoubtedly, will make a significant change in the management of cross-border successions.
Its use will not be compulsory, but this certificate may usefully be used by the heirs and legatees having direct rights in inheritance and by executors or administrators of the will who need to invoke, in another Member State, their status, as such, or exercise their rights.
This certificate can be used, in particular, as proof of the quality and / or the rights of each heir and the attribution of one or more specific assets forming part of the inheritance.
This document will take effect in all Member States without the need of any special procedure and will be a valid title for the registration of the inherited acquisitions in the competent registers of the Member States.
In terms of jurisdiction, the applicable law, recognition and enforcement of decisions, regulations and rules are designed to ensure that the authority dealing with the succession apply, in most cases, their own right.
This regulation establishes, as a general rule in order to determine both the competence and the applicable law, the habitual residence of the deceased at the time of death.
However, the regulation foresees the possibility for the future deceased to choose, by will mortis causa (will, inheritance pact …), the law of the Member State of his/her nationality as applicable to the succession, although he/ she does not reside in that State.
En este caso, las partes interesadas en la sucesión podrán acordar que los tribunales de dicho estado tengan competencia exclusiva para sustanciar cualquier causa en materia de sucesiones, aunque el causante no tenga su residencia habitual en este estado.
In this case, the parties interested in the succession may agree that the courts of that State have exclusive jurisdiction to sustain any reason in matter of successions, although the deceased did not reside habitually in that state.
Sophie Mercier.
Abogada UE
Legal Department.Les dispositions du RÈGLEMENT (UE) 650/2012 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 4 juillet 2012 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions, et l’acceptation et l’exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d’un certificat successoral européen s’appliquera à la succession des personnes qui décèdent le 17 août 2015 ou après cette date.
Ce qui, sans aucun doute, révolutionnera la gestion des successions transfrontalières est la création du certificat successoral européen.
Le recours au certificat n’est pas obligatoire mais il pourra être utilement utilisé par les héritiers, les légataires ayant des droits directs à la succession et les exécuteurs testamentaires ou les administrateurs de la succession qui, dans un autre État membre, doivent respectivement invoquer leur qualité ou exercer leurs droits.
Le certificat pourra être utilisé, en particulier, pour prouver la qualité et/ou les droits de chaque héritier et l’attribution d’un bien déterminé ou de plusieurs biens déterminés faisant partie de la succession.
Ce document produira ses effets dans tous les États membres, sans qu’il soit nécessaire de recourir à aucune procédure spéciale et constituera un document valable pour l’inscription d’un bien successoral dans le registre pertinent d’un État membre.
Concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions, les dispositions du règlement sont conçues pour assurer que l’autorité chargée de la succession en vienne, dans la plupart des cas, à appliquer son droit national.
Le règlement prévoit comme facteur général de rattachement aux fins de la détermination, tant de la compétence que de la loi applicable, la résidence habituelle du défunt au moment du décès.
Toutefois, le règlement prévoit la possibilité pour le défunt de choisir, par disposition mortis causa (testament, pacte de succession…) la loi de l’Etat membre de sa nationalité comme loi applicable à la succession, bien qu’il réside dans un autre Etat.
Dans ce cas, les parties concernées peuvent convenir que la ou les juridictions de cet État membre ont compétence exclusive pour statuer sur toute succession, bien que le défunt n’ait pas sa résidence habituelle dans cet Etat.
Le Tribunal de l’Etat membre dont la loi a été choisie par le défunt sera compétent pour statuer sur la succession, non seulement en cas d’accord des parties mais également lorsque les parties à la procédure ont expressément accepté la compétence de la juridiction saisie ou si les parties à la procédure qui n’étaient pas parties à l’accord comparaissent sans contester la compétence de la juridiction.
La compétence des Tribunaux de l’Etat membre dans lequel se trouvent les biens de la succession devient subsidiaire et ces tribunaux pourront seulement se prononcer sur l’ensemble de la succession si le défunt possédait la nationalité de cet État membre au moment du décès; ou, à défaut, avait sa résidence habituelle antérieure dans cet État membre, pour autant que, au moment de la saisine de la juridiction, il ne se soit pas écoulé plus de cinq ans depuis le changement de cette résidence habituelle.
Le règlement prévoit également un Forum necessitatis, autorisant les Tribunaux d’un Etat membre, dans des cas exceptionnels, à statuer sur la succession si une procédure ne peut raisonnablement être introduite ou conduite, ou se révèle impossible dans un État tiers avec lequel l’affaire a un lien étroit.
Concernant la loi applicable à la succession, le règlement règle le problème des droits réels qui pourraient ne pas exister dans tous les Etats membres considérés, en imposant à l’Etat membre qui ne connaît pas le droit réel en question, si nécessaire et dans la mesure du possible, de l’adapter au droit réel équivalent le plus proche en vertu de la loi de cet État.
De la même manière, le Règlement règle le cas des comourants, en supprimant le droit des personnes décédées à la succession de l’autre, lorsque deux ou plusieurs personnes dont les successions sont régies par des lois différentes décèdent dans des circonstances qui ne permettent pas de déterminer l’ordre des décès, et que ces lois règlent cette situation par des dispositions différentes ou ne la règlent pas du tout.
Le règlement traite de la reconnaissance et de l’exécution des décisions en matière de succession, de manière très similaire au règlement 44/2001 sur la reconnaissance et l’exécution des résolutions judiciaires en matière civile et commerciale, en excluant toute révision quant au fond.
Concernant la procédure de déclaration constatant la force exécutoire de ces décisions, le règlement dispose que le demandeur n’est pas tenu d’avoir, dans l’État membre d’exécution, une adresse postale ni un représentant autorisé ni de payer aucun impôt, droit ou taxe proportionnel à la valeur de l’affaire.
Bien que le règlement s’applique seulement aux successions des personnes qui décèdent à partir du 17 août 2015, le choix de la Loi de la nationalité ou les dispositions mortis causa faites avant cette date, seront valables si elles remplissent les conditions établies par le règlement.
Sophie Mercier.
Abogada UE
Département Légal.