Propuesta de modificación de la Ley de Tasas Judiciales

[13 febrero 2013]

PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LA LEY DE TASAS JUDICIALES

A tan solo dos meses de la entrada en vigor de la polémica ley de las tasas judiciales, nuestro Departamento Jurídico desea comunicar la decisión del ministro de Justicia de modificar el proyecto de aplicación de esa ley en algunos aspectos, aunque no en temas “sustanciales”, tras haber recibido un escrito de la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, solicitando un cambio significativo en la misma. Esta petición refleja la disconformidad de un gran número de ciudadanos, instituciones y organizaciones sociales que se han dirigido a la Oficina del Defensor del Pueblo con el fin de reclamar un recurso de inconstitucionalidad de la ley, con plazo hasta el próximo día 21 de febrero.

Soledad Becerril propone en su escrito varios cambios, especialmente una reducción de las tasas para las personas físicas, una modulación según ingresos en el caso de empresas, y la eliminación en ciertos procedimientos, como los desahucios.

Según un comunicado de Ruiz Gallardón, el Gobierno asume las recomendaciones de la Defensora del Pueblo y los cambios se aprobarán de forma urgente con un decreto.

El primer cambio será reducir la cuantía de las tasas para los ciudadanos (no para las empresas), pero no en la tasa fija (entre 100€ y 1.200€), sino en la variable (el 0,5% de los bienes que se reclamen), ya que en ésta es donde más se dispara el coste para el ciudadano.

En segundo lugar se eliminarían las tasas a pagar por los desahuciados de su vivienda habitual, que seguirían pagando las costas del proceso.

Finalmente, el Gobierno tiene previsto aprobar algún mecanismo para anticipar la entrada en vigor de la futura Ley de Justicia Gratuita, que ampliaría el número de personas exentas de pagar las tasas y eximiría a colectivos como las víctimas de la violencia de género o de accidentes graves, que las pagan actualmente.

El Ministerio de Justicia estudiará también la propuesta de la Defensora del Pueblo de poner límites a la cuantía de las tasas por sanciones administrativas, como multas de tráfico, y distinguir a la hora de cobrar las tasas a las empresas, según su tamaño.

Estaremos atentos a la publicación del prometido decreto y os mantendremos informados.